El Supremo avala dividir los gastos notariales hipotecarios entre el banco y el cliente

30th enero, 2019| Publicado por Derecho civil | Derecho hipotecario |

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre cuestiones relativas a la constitución de hipotecas. Como sabemos que este tema te interesa, hoy en Consulter Abogados y Asesores te lo contamos todo. Por un lado, ha estimado que el importe en concepto de tasa por Actos Jurídicos Documentados (AJD) debe dividirse a medias entre la entidad financiera y el cliente. De igual manera los gastos de gestoría deben pagarse entre ambas partes.

Esto sucede tras la tormenta mediática del pasado mes de octubre en el que el Tribunal Supremo cambió su jurisprudencia hipotecaria estableciendo que debe ser el banco quien asuma esta tasa. La Sala Tercera del Supremo puso fin a dos semanas de confusión sobre la tasa. La decisión fue muy dividida 15 votos contra 13. Finalmente estableció que el pago de la tasa, tal como venía siendo habitual, recaiga sobre los clientes.

Tras ello, el gobierno Sánchez, emitió un decreto para zanjar la polémica en el que se recoge la obligatoriedad de que la entidad bancaria asuma el coste de los AJD.

Así pues, tras semanas de incertidumbre jurídica que han obligado al gobierno a introducir nuevas normas de derecho hipotecario positivo, para que finalmente quede claro en una norma de rango legal la obligatoriedad de las entidades financieras de asumir el coste de la tasa de Actos Jurídicos Documentados para la apertura de hipotecas y préstamos.

Gracias a esta nueva norma, muchos clientes constituirán su préstamo hipotecario sin este coste añadido. No obstante, una parte de la opinión contraria a este nuevo estatus considera lo contrario. Que este coste repercutirá en el cliente mediante la subida de los intereses hipotecarios y de la comisión de apertura.

Queda así zanjada la polémica sobre el pago de la tasa de AJD y se ha introducido una norma legal que indica el procedimiento legal para afrontar esta tasa. Con esta solución se despeja la inseguridad jurídica sobre el impuesto.

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